Presentación
El Sector energía y minas, ocupa sin duda un papel estratégico en el desarrollo y modernización del país. Las divisas generadas a partir de las actividades promovidas son un aporte esencial al Estado peruano que busca implementar políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que viven en situación de pobreza y extrema pobreza. En tal sentido, es incuestionable la necesidad entre otras medidas el de promover la ejecución de proyectos minero energético, con el máximo respeto a la normativa nacional sobre protección al medio ambiente teniendo como eje principal la promoción del desarrollo sustentable. Toda vez que los recursos generados por el desarrollo de estas actividades son redistribuidos a todos los sectores y niveles de gobierno del Estado.
En este contexto, en junio 2007 se crea la Oficina General de Gestión Social (OGGS), como órgano de asesoramiento encargado de promover las relaciones armoniosas entre las empresas minero energéticas y la sociedad civil, incluidos los gobiernos regionales y locales; propiciar el manejo de mecanismos de diálogo y concertación en el sector y colaborar en el diseño en Programas de Desarrollo Sostenible.
Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 021-2018-EM, del 20 de agosto de 2018, se incorpora en el ROF del Ministerio de Energía y Minas, el artículo 51-A, la cual señala que la Oficina General de Gestión Social está constituida por las siguientes unidades orgánicas: Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana y la Oficina de Gestión de Compromisos Sociales. La OGGS, depende jerárquicamente del Despacho Ministerial.
En tal sentido, desde la OGGS consideramos que una adecuada política de gestión social promoverá y conciliará los intereses y expectativas del gobierno nacional, regional y local, del sector privado (empresas minero energéticas) con los de la sociedad civil, a fin de procurar que los recursos provenientes de estas puedan lograr el desarrollo sostenible de las áreas de influencia de los proyectos y del país en general. Esta política considera como pilar esencial la implementación de prácticas y mecanismos de responsabilidad social que cuenten con la más amplia participación ciudadana; así como, con la transparencia en la información y comunicación.
